Las comisiones que elaboran el preámbulo y las normas transitorias de la nueva Constitución trabajan con premura.
La plurinacionalidad, la paridad y el Estado social de derecho son ejes protagónicos en la propuesta de nueva Constitución de Chile, que recoge demandas del estallido social del 2019 y que la población deberá refrendar en un plebiscito que se votará el próximo 4 de septiembre.
A 100 días que los chilenos acepten o rechacen la nueva Carta Magna crece la polarización en el país entre quienes claman por esos derechos y sectores conservadores y ultraconservadores que demonizan su texto final (debe estar redactado para el 4 de julio) y advierten el riesgo de que Chile se convierta en un Estado totalitario y en manos de la izquierda.
Tras dos años de trabajo, los 154 integrantes electos de la Convención Constitucional (CC) entregaron el 15 de mayo su borrador de Constitución, con 499 artículos, para dejar atrás la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con la que tuvieron que convivir los gobiernos del ciclo democrático iniciado hace más de tres décadas.
La de 1980 fue elaborada por una decena de expertos designados por la dictadura militar y aprobada en un plebiscito irregular, sin registro electoral, sin voz a los opositores y con libertades restringidas.
Ahora la CC está culminando un proceso con todos los estándares democráticos: habrá dos meses de cabildos, marchas, reuniones y una franja gratuita de televisión que compartirán partidarios de las opciones del «Apruebo» y «Rechazo», con que se expresarán los electores.
El 4 de julio se entregará el texto final y el 4 de septiembre se celebrará el llamado plebiscito de salida del proceso constitucional, tras el de entrada que eligió a los miembros de la CC en octubre de 2020.
La Carta Magna propuesta, de 49 637 palabras hasta ahora, cumple estándares democráticos y es inédita en cuanto a establecer una realidad paritaria y un reconocimiento a los pueblos originarios.
También se destaca la iniciativa de un Estado social y democrático de derecho, un Estado regional, la laicidad y el establecimiento de un defensor del pueblo, todo inédito en este largo país sudamericano de casi 20 millones de habitantes.
Los pueblos originarios
Nunca una Constitución chilena reconoció a los pueblos originarios ni tampoco a sus derechos.
Elisa Loncón, lingüista mapuche y quien fue la primera presidente de la CC, resaltó al portal IPS que por primera vez «somos convocados a imaginar la República tras más de 200 años que se fundó este país».
«Con la nueva Constitución se reconocen todas las naciones originarias y los derechos a territorio, a la tierra, autonomía, libre autodeterminación, cultura y lenguas. Ahora podemos decir que este Chile incluye a todos», subrayó.
Por su parte, el movimiento ciudadano Amarillos por Chile, autodefinido de centro izquierda, cree en cambio que la plurinacionalidad propuesta implica «un autogobierno para 12% indígena de la población, violando así el principio esencial a toda democracia de un ciudadano un voto».
«Se ha dado el estatuto de nación a los pueblos originarios. Una cosa es promover la dignidad, reconocimiento de los pueblos originarios y de sus derechos, otra cosa muy distinta es decir que son naciones, facultadas para legislar como quieran, organizarse como quieran e impartir justicia de la manera que ellos quieran», sostuvo su líder, el poeta y profesor el controversial Cristián Warnken.
En cambio para Jaime Bassa, quien fue el primer vicepresidente de la CC, es un hecho que Chile es «un territorio en el cual conviven distintos pueblos, distintas naciones».
«Hace mucho tiempo esperábamos que esto fuera reconocido constitucionalmente», puntualizó.
La plurinacionalidad, justamente, puede contribuir a frenar la violencia imperante en la región de la Araucanía.
Durante este año recrudecieron las muertes y ataques armados contra vehículos y bienes de compañías forestales, que llevaron al ex presidente Sebastián Piñera a decretar el Estado de Excepción, algo que mantuvo el actual mandatario Gabril Boric, quien asumió el cargo el pasado 11 de marzo.
Estado social y paridad
La definición constitucional de Chile como un Estado social y democrático de derecho pondrá fin al Estado subsidiario heredado desde la dictadura de Pinochet, dos hitos históricos.
«Esa forma de entender la relación entre Estado y sociedad cambia radicalmente pues el Estado asume ahora una serie de deberes vinculados a la garantía de los derechos fundamentales de carácter social y democrático», explicó Bassa.
En el mismo sentido se manifestó Loncón: «Se va a pedir a todas las instituciones estatales que tengan paridad y la política será paritaria porque las mujeres y los hombres tenemos igualdad de derechos. Eso también está resguardado en cuanto a la decisión del cuerpo con el tema del aborto», remarcó.
«Las mujeres no estamos listas para abortar, las mujeres estamos listas para criar hijos, pero las situaciones de aborto se dan por agresión sexual, por violación y por otras circunstancias de la mujer», enfatizó.
La paridad, de hecho, ganó espacios y adeptos, entre ellos, al constituyente y presidente del derechista partido Renovación Nacional (RN), Cristián Monckeberg.
«Tiene que ir implementándose de la mejor manera en autoridades elegidas, institucionalidad. Es un necesario equilibrio. La presencia de la mujer es un aporte. Es profundo, difícil de implementar y complejo, pero importante», opinó el ex ministro de Vivienda en el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022).
Sin embargo, Monckeberg criticó duramente el borrador de la nueva Constitución y consideró que la izquierda, mayoritaria en la CC junto con los independientes, «falló al no proponer una Carta Magna para toda la población».
«Levanta acciones, identidades, banderas de lucha y eso responde a la composición de la Convención donde hay representantes de la naturaleza, defensores del agua, de los animales, feministas, del medio ambiente, del libre mercado», subrayó.
Por últtimo, Monckeberg aseguró: «El punto no es que sea de izquierda o de derecha. El punto es que la izquierda desperdició la oportunidad de construir una Constitución desde las ideas de izquierda, pero incorporando distintas miradas y visiones.
Aprobación o Rechazo, una incógnita
El borrador que entregó el 15 de mayo la Convención Constitucional ya no se puede modificar en sus contenidos, pero sí se trabaja en su revisión por la Comisión de Armonización, encargada de evitar repeticiones y efectuar ajustes en su redacción.
También funcionan la Comisión de Preámbulo, que redacta ese texto introductorio, y la Comisión de Normas Transitorias, encargada de escribir artículos que faciliten la transición de una a otra Constitución.
Las tres comisiones están integradas por convencionalistas elegidos a ese efecto y funcionan en la antigua sede del legislativo Congreso Nacional y en otro edificio.
Las votaciones finales se podrían alargar hasta el 29 de junio, según el cronograma oficial, para presentar el texto definitivo a los chilenos el 4 de julio.
La última encuesta, realizada por la plataforma de sondeos Cadem, da ganador al Rechazo con 46 % contra 38 % del Apruebo y 16 % de indecisos.
«Pase lo que pase, gane el rechazo o el apruebo, vamos a tener una Constitución bastante dividida y vamos a dejar una sociedad muy dividida en torno al proyecto que queremos construir como país. Y eso es un fracaso», sentenció Monckeberg.
Si en el plebiscito del 4 de septiembre gana el Apruebo, la nueva Carta Magna entrará en vigor en forma paulatina y su implementación será gradual hasta reemplazar integralmente a la actual.
Si, en cambio, gana el Rechazo seguirá rigiendo la ley fundamental de 1980, la que impuso el dictador Pinochet.
Los chilenos ya rechazaron que la nueva Constitución fuera redactada con participación de titulares de cargos elegidos previamente.
En el 2020, junto con la papeleta de aprobar o rechazar una nueva Carta Magna, se votó la alternativa de redactarla con parlamentarios en ejercicio. Y esa opción obtuvo menos del 20% de los votos. Una señal clara.
